Después del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar presidida por el general Augusto Pinochet, comenzó un gobierno de carácter dictatorial y autoritario que, amparado bajo la premisa de mantener el orden de la nación, cometió sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante los 17 años que se mantuvo en el poder. En este complejo escenario, surgieron diversas organizaciones en defensa y promoción de los derechos humanos, que alzaron su voz para denunciar el violento clima, manifestaron su solidaridad hacia las personas perseguidas y sus familiares y estructuraron una red de apoyo para ellos.
La primera institución que se dedicó a esta labor fue el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (1973-1975). Este organismo ecuménico, integrado por las iglesias cristianas, fue creado para proteger la vida y la integridad física de los perseguidos políticos; tarea que desarrolló hasta 1975 cuando, por órdenes directas de Augusto Pinochet, debió ser disuelto. Sin embargo, el 1 de enero de 1976, el Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad (1976-1992), institución ligada a la iglesia Católica y continuadora del trabajo del Comité. Ubicada en el Arzobispado de Santiago, a un costado de la Catedral, fue dirigida en sus primeros años, por el sacerdote Cristián Precht en su calidad de Vicario y Javier Luis Egaña como su primer secretario.
Durante sus 16 años de existencia, la Vicaría se dedicó sus esfuerzos a otorgar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual a las personas perseguidas por el régimen militar y sus familiares, además de defender sus vidas y buscar la libertad de los detenidos.
Para atender de una manera eficiente las distintas demandas de las personas que acudían a ella, la Vicaría organizó su estructura y programas de trabajo a través de cuatro departamentos: jurídico, laboral, campesino y de zonas. Dentro de los programas se destacaron el de las arpilleras, las bolsas de trabajos, los comedores infantiles y los centros de salud, entre otros.
De forma paralela, esta institución se dedicó a recopilar información sobre torturas, muertes y desapariciones de los perseguidos políticos, hechos que denunciaba en sus informes mensuales; las presentaciones sobre violación de los derechos humanos que anualmente realizaba el Vicario al Presidente de la Corte Suprema y en sus publicaciones como cartillas, libros y la revista Solidaridad. Todos estos documentos constituyeron parte fundamental de la memoria colectiva del país y le valieron ser reconocida popularmente como la «conciencia de Chile».
La acción de la Vicaría causó un profundo malestar en el gobierno militar y sus organismos de seguridad, lo que implicó que muchos de sus miembros fueran amenazados, perseguidos judicialmente, exiliados, encarcelados e incluso asesinados como fue el caso del jefe del departamento de análisis, José Manuel Parada, en 1985. Sin embargo, el permanente respaldo nacional e internacional permitió que la Vicaría de la Solidaridad sobreviviera a esta enorme presión y realizara su trabajo durante todo el período de la dictadura.
En 1992 y tras la llegada de la democracia, la Vicaría terminó sus funciones, dando paso a La Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad creada por Decreto Arzobispal No. 262 y comenzó sus funciones el 1 de enero de 1993.
Creada con el objeto de ser custodia de los archivos de información y documentación de la Vicaría de la Solidaridad y su antecesor el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, resguarda y preserva un importante fondo documental que contiene información referida a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, y de las acciones desarrolladas en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Su fin es la colaboración en la reconciliación y en la construcción de una sociedad fundada en la verdad, la justicia y el respeto a las personas. En esta medida, constituye un archivo nacional único en el país, que concentra el mayor porcentaje de documentación e información relativa a los hechos y acciones de defensa ocurridos y desarrollados en el período del régimen militar. Su particularidad es la de contar con información objetiva, que fue recopilada sistemáticamente mientras se sucedían los hechos. Esto, sumado a la legitimidad alcanzada por las instituciones que generaron este archivo en el ámbito nacional e internacional, le otorga hoy un amplio reconocimiento y prestigio en el ámbito gubernamental, judicial, parlamentario, no gubernamental, de las instituciones y organizaciones sociales y de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el país.
